No me fío

Angela Merkel y Nicolas Sarkozy no se fían de sus colegas europeos. Por eso, para que haya un control de tribunales constitucionales (o similares) sobre el techo de gasto, el 16 de agosto impulsaron una medida por la que exigen al resto de países europeos (que sí, que parece que Europa no son solo Alemania y Francia) que en el plazo de un año modificaran sus cartas magnas para incluir algún articulillo al respecto. Y pelillos a la mar.

Se bautizó como la “norma de oro” y la formulación que los políticos españoles le pretenden dar (rígida, rígida, rígida) generará más problemas que los que va a solucionar. Los análisis sobran y los corsés apriorísticos son, como casi siempre, absurdos.

La “norma de oro”, que en España ya cuenta con el apoyo de PSOE y PP –y con eso parece que es suficiente–, formará parte de la Constitución española en apenas un mes si todo va según lo previsto. Uno, al que desde pequeñito le han vendido que ese papelote es más rígido que las Tablas de Moisés, se ofuscó cuando supo de las intenciones de Merkel y Sarkozy: ¿Cómo se hará esa reforma? ¿Un referéndum cuando dos meses después hay elecciones generales anticipadas?

No, claro. La Comisión Europea (no olvidemos que la Europa contemporánea, desde la CECA hasta hoy, se ha movido por interés económico) ya ha salido a aplaudir el acuerdo entre socialistas y populares. Más cuando la celeridad de los eventos llevará a reformar la Constitución en petit comité. En apenas ese par de tardes en las que Rodríguez Zapatero aprendió la economía necesaria para dar continuidad a una medida propuesta por Europa (ahora, sinónimo de Alemania y Francia). A espaldas de la “soberanía nacional”. Como quien, líbreme Dios de sospechar, busca evitar problemas.

Mientras tanto, en el país de Sarkozy, algunos grandes empresarios –quizá sea mero maquillaje– dicen querer contribuir (mejor que impuesto) con más dinero a mantener el Estado francés: “Nosotros, presidentes y directivos de empresas, hombres y mujeres de negocios, financieros, profesionales o ricos, pedimos la instauración de una contribución especial que afectará a los contribuyentes franceses más favorecidos”.

En España: cri-cri, cri-cri. El ruido que hace incluir la “norma de oro” en su Constitución para “ganar en credibilidad y generar confianza en los mercados extranjeros”. En otras palabras, los mercados extranjeros no se fían de los políticos, sí de las leyes. Repasen la teoría de los vasos comunicantes. Cuanto más hace la clase política para que los mercados extranjeros confíen en España y su Gobierno, menos hacen para que sus propios ciudadanos confíen en los políticos. Luego organizarán cursos de verano y sesudas reflexiones sobre el descrédito de la política. Claro.

Así funcionan algunos: generan un problema, arman un pifostio ajeno a él para solucionarlo y, en lugar de haberle puesto solución al problema original, se dedican a otra cosa. Como ocurre siempre en las disputas españolas políticas de verdad. Sin madurez para abordar y acordar en “sede parlamentaria” (disculpe, don Lázaro) cuestiones que si no son unos, otros llevan a los tribunales (véase el Estatut). Que lo que no somos capaces de acordar los políticos, dicen, lo decida un Constitucional (cojo y tuerto).

Cuando no es la palabra de un tribunal, son Merkel y Sarkozy los que ordenan y Rodríguez Zapatero y Rajoy quienes cambian su Constitución. De nuevo, la iniciativa propia, la responsabilidad y el acuerdo (con mayúsculas), ausentes. Hará falta una prescripción legal, aconsejada por Merkel y Sarkozy, para saber que algo es bueno y que uno, gestor de lo público, no se puede pasar de una raya, de un techo.

Los propios políticos se encaminan así al mero automatismo y al menor uso de la inteligencia, para aquello de pensar. Y pretenden reforzar esta vía al llevar a la otrora rígida Magna Carta una “norma de oro” que debería ser un compromiso ético de cada político. Sin necesidad de legislarlo, si necesidad de que ningún tribunal constitucional vaya detrás de un gobierno con la zapatilla en la mano porque lo ha hecho mal.

Con este panorama y como parece inexistente en buena parte de la clase política el valor de la prudencia que Aristóteles ensalzaba cada desayuno, la solución a este problema (“problemática”, en lenguaje político) es un artículo rígido, blindado en la Constitución española –como en la del resto de países, existentes y por venir.

Abierto a mejores formulaciones, diría así:“Es derecho de todos los ciudadanos gobernados que sus gobernantes sean obligatoriamente competentes a los cargos que ocupan y guíen su labor con base en los valores de la prudencia y la responsabilidad, por encima de cualquier otro valor, razón o motivo”. Y con esto, so pena de prisión, te evitas cientos de normas, como la de oro, que nadie despilfarre o que renueven el Constitucional en tiempo y hora.

Que se pongan las pilas y se dejen de normas.

Imagen, Rompetechos, de Ibáñez.